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yo vengo a ofrecer mi corazón.
No pueden existir leyes como la española y la uruguaya,
que sean contrarias a las normas jurídicas y legales
de las Naciones Unidas
España: ley de la memoria histórica
Uruguay: ley de caducidad
del Gobierno y autoridades españolas
para pedir protección al Relator Especial de la ONU
miercoles, 25 de noviembre de 2009 12:09 hs.
Casi transcurridos ya dos años desde la promulgación de la ley de la memoria histórica sin que se haya activado todavía ni un sólo mecanismo ante el robo de niños del franquismo – caso de desapariciones forzadas que la ley de la memoria ni siquiera contempla –, ni en la localización de los desaparecidos en cientos de lugares clandestinos, ponemos en marcha la elaboración de un Informe General sobre el trato inhumano de las autoridades españolas, para ante ello pedir la intervención del Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, de conformidad con las competencias que le están reconocidas en esta materia, como el recibir correcta información, dirigirse a los Gobiernos, realizar consultas en los lugares de los hechos, desplazándose a los países sobre la situación donde esto existe, etc., con el fin de garantizar la protección de la integridad física y mental de todas las personas que sufren el total olvido y marginación en las búsquedas de los seres queridos que permanecen en paraderos desconocidos.
Con el inicio de los trabajos para la elaboración del Informe General sobre el trato inhumano del Gobierno y las distintas autoridades españolas a las familias de personas desaparecidas – el relato del dolor silenciado de muchísimos españoles durante todo lo que llevamos de democracia – se pretende dar cauce internacional, viabilidad, y conocimiento social dentro y fuera de nuestras fronteras al inmenso dolor y la incertidumbre de los familiares de las víctimas del franquismo en el que continúan muchos años después y a pesar del reconocible consenso internacional en torno al ineludible deber de todo Estado de Derecho a identificar y buscar a las familias y sus seres queridos, victimas de secuestro y robo con desapariciones forzadas, con todos los medios de su aparato de justicia. Una situación que, además, es de la máxima urgencia dada la avanzada edad de muchas de estas personas que tan sólo aspiran a conocer la suerte y paradero de sus pequeños arrebatados y de sus otros familiares cruelmente asesinados, cuyos responsables vivos también están en avanzada edad.
En España, en el treinta aniversario de la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en 1979), nuestras autoridades continúan violando los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de igual manera que continúan desatendiendo toda la normativa internacional en la materia al no proceder a una “investigación oficial efectiva e independiente” a la mayor brevedad y por la propia iniciativa de poderes públicos ante todo caso del que se tenga noticia tal y como viene exigiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias y jurisprudencia.
En este sentido la ley “de la memoria histórica” no puede ser considerada sino como un claro engaño a la ciudadanía española en materia de Derechos Humanos en el que se permanece desde el final de la Dictadura.
En un país, el de los niños perdidos, en el que los genocidas quedan impunes y jamás han tenido que rendir cuentas ni prestar declaración, ante una situación derivada de las políticas pro-impunidad del franquismo, que han sido seguidas en España desde la muerte del Dictador, y de punto final que la ley de memoria histórica representa, con la actitud indolente de nuestras instituciones ante tan prolongado dolor y desamparo, sólo nos queda la opción de intentar que las instituciones internacionales acudan a nuestro país a proteger los derechos humanos de todas estas personas.
No es normal, nunca lo será, que en España sean los familiares los que tengan que acudir a recuperar, e identificar como puedan, a sus seres queridos atrozmente desaparecidos en vez de que sean las autoridades las que lo hagan mediante una Comisión Nacional de Búsqueda y con otras medidas.
Que sean los familiares los que tengan que buscar a los pequeños con medios privados con el daño social derivado del efecto desinformador generado por nuestro propio Gobierno en torno al alcance real de problema; la ausencia de amparo ante los derechos humanos de las victimas de desapariciones forzadas y de sus familias, con un constante intento de ignorar y evitar la normal aplicación de los deberes de “verdad, justicia y reparación” de Naciones Unidas, no ha de quedar tampoco aquí olvidado.
Otros Gobiernos democráticos tendrán que abordar y reparar en el futuro ese daño explicando a nuestra sociedad los derechos que tiene todo ser humano ante este tipo de crímenes, derechos que, lamentablemente, hoy nuestras autoridades y Gobierno les sigue negando deliberadamente.
¿Será el camino?
presentar un Informe General sobre trato inhumano
del Gobierno y autoridades uruguayas,
para pedir protección al Relator Especial de la ONU
Paralelo de Verdad y Justicia,
paralelo del Mediterráneo y el Rio de la Plata
Documental:testimonios de ex presos del Franquismo,
intentando mantener viva la memoria colectiva
y darle voz a los vencidos. Duración 1:30 hs.
