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Baltasar Garzón Real (Torre, Jaen, 26 de octubre de 1955) es un juez español. Es un conocido magistrado, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Estos juzgados investigan los delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Juzgado Central de lo Penal o a la Audiencia Nacional, tribunales españoles que enjuician en primera instancia los delitos con implicaciones en todo el territorio o de mayor gravedad. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaen en 2008 sin embargo fue investido como tal el 9/11/09.
Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, básandose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia. Garzón ha manifestado reiteradamente su deseo de investigar también al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación con la instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se llamó la Operación Cóndor. (En torno a este tema, Baltasar Garzón declaró tajantemente en la cátedra Eduardo A. Elizondo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México, en enero de 2007, que no existió persecución alguna contra Kissinger, y que esa aseveración es errónea).
Garzón asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de genocidio contra funcionarios argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión. En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.
En diciembre de 2001, Garzón puso en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, BBVA, por supuestos delitos de lavado de dinero. En enero de 2003, el magistrado criticó acremente al gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de al Qaida en la bahía de Guantánamo, Cuba. También hizo una campaña intensa contra la guerra de Irak de 2003.
También ordenó el arresto de Osama bin Laden, jefe de la red terrorista Al-Qaeda.
Desde septiembre de 2008 Garzón está recabando información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil. El 16 de octubre del 2008, Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil española y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, e instruyó la apertura de 19 fosas comunes diseminadas en todo el país, entre ellas en la que se supone se encuentra enterrado el poeta Federico García Lorca.
Sin embargo el 16 de noviembre de 2008, Garzón decidió inhibirse del caso. El juez explicó que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos "permanecen" y no prescribieron. Garzón dijo que ahora corresponde a los juzgados provinciales en los que se encuentren las fosas investigar las miles de personas desaparecidas durante ese periodo.
Posteriormente, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada por el colectivo Manos Limpias, presidido por Miguel Bernad, ex dirigente del Frente Nacional, contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Desde 1997, Manos limpias había planteado 17 querellas, denuncias y quejas contra Garzón, todas ellas desestimadas. En esta querella se acusa al magistrado de prevaricación en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo "al mantener un procedimiento a conciencia de no ser competente" e incoarlo sabiendo que iba a tener que archivarlo. El magistrado de la Audiencia deberá declarar en calidad de imputado. La querella fue admitida con el voto unánime de los magistrados de la sala y la oposición de la fiscalía. En este caso, el Tribunal Supremo decidió no aplicar la "doctrina Botín" que el propio tribunal había utilizado en el juicio contra Emilio Botín, cuando sobreseyó la causa al no contar la acusación popular con el apoyo de la fiscalía. Garzón declaró que había recibido la noticia "tranquilo e indignado" y que actuará "como cualquier ciudadano" manifestando su confianza en la justicia.
En un comunicado, el Partido Popular, que había tratado infructuosamente de recusar a Garzón como instructor del caso Gürtel y luego se querelló por prevariación contra él (querella desestimada), ha considerado "valiente y ejemplificadora" la decisión del Supremo. Varios juristas consideran que firmar un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica a la que acusa de pretender "que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia"- puede llegar a comprometer la imparcialidad del magistrado Adolfo Prego de Oliver, teniendo en cuenta su condición de patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española.
El 2 de junio de 2009, Baltasar Garzón presentó un recurso de súplica en el que argumentaba que de todos los jueces y magistrados que analizaron sus resoluciones, al menos cuatro consideraron, al igual que había hecho él, que la Audiencia Nacional era competente para juzgar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, por lo que se demostraría, que no se dictaron resoluciones injustas a sabiendas. Sólo habría existido una "discusión jurídica" resuelta mediante los procedimientos previstos por la ley. También señaló que varios jueces habían sustentado su postura de que la Audiencia Nacional era competente: los magistrados que emitieron un voto particular en la decisión de cerrar la causa o la juez de Granada que consideró que la Audiencia Nacional era la competente para investigar el asesinato de Federico García Lorca. Tampoco la fiscalía no había cuestionado "la legitimidad de la postura del instructor". El Tribunal Supremo rechazó el recurso. La resolución era la prevista, ya que estaba en las manos de los mismos magistrados que decidieron abrir el proceso.
El Juez Instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, puso en un brete a Garzón al preguntarse sobre la conferencia pronunciada en Bogotá en la que criticó la configuración del delito de desapariciones forzosas. En las mismas fechas era consciente de que la legislación española y los convenios internaciones suscritos por España no permitían la apertura de diligencias criminales sin vulnerar la ley penal.
